El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele negoció en secreto una tregua con los líderes de las poderosas pandillas callejeras del país, anunció el Tesoro de Estados Unidos el miércoles.
El gobierno estadounidense alega que el gobierno de Bukele compró el apoyo de las pandillas con beneficios y privilegios financieros para sus líderes encarcelados, incluidas prostitutas y teléfonos celulares. Esta acusación explosiva apunta directamente a uno de los éxitos más pregonados por Bukele durante su mandato: una caída en la tasa de asesinatos.
La oficina de Bukele no comentó de momento a una solicitud de comentarios, pero el presidente respondió con sarcasmo por Twitter. “¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione?”.
Bukele negó con vehemencia la acusación cuando fue reportada en agosto de 2020 por el sitio de noticias local El Faro. Y el miércoles aludió a una tregua de pandillas negociada por una administración anterior por la que varios exfuncionarios están siendo procesados.
El Tesoro de Estados Unidos hizo el anuncio junto con el de sanciones financieras a dos funcionarios del gobierno de Bukele.
En 2020, el gobierno de Bukele “dio incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para garantizar que los incidentes de violencia pandillera y el número de homicidios confirmados permanecieran bajos”, dijo el comunicado del Tesoro. “A lo largo de estas negociaciones con Luna y Marroquín, la dirección de las pandillas también acordó dar apoyo político al partido político Nuevas Ideas en las próximas elecciones”.
Nuevas Ideas, el partido de Bukele, ganó las elecciones legislativas de hace unos meses por amplia mayoría y obtuvo el control del Congreso.
Los dos funcionarios que negociaron directamente con los líderes de las pandillas fueron el jefe del sistema penitenciario Osiris Luna Meza y el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Carlos Amílcar Marroquín Chica, presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social.
Varios exfuncionarios de gobiernos anteriores están siendo juzgados por negociar un pacto similar con las pandillas.
El ex fiscal general Raúl Melara dijo en su momento que investigaría el informe de El Faro, pero cuando el partido de Bukele ganó la mayoría en el Congreso, los nuevos legisladores forzaron su renuncia y lo reemplazaron por alguien favorable al presidente.
El Tesoro estadounidense dijo que las negociaciones secretas salieron a la luz durante una investigación de funcionarios de gobierno y jefes de pandillas. Luna y Marroquín presuntamente “dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas con líderes de pandillas encarcelados, en las cuales miembros conocidos de pandillas pudieron ingresar a las prisiones y reunirse con la alta dirección de las pandillas”.
Además de beneficios financieros para sus miembros, los cabecillas encarcelados tuvieron un trato especial en las prisiones, con acceso a teléfonos celulares y a prostitutas. Dijo que Luna también negoció el apoyo de la MS-13 y la Barrio 18 a las medidas de cuarentena de Bukele durante la pandemia.
Luna y su madre, Alma Yanira Meza Olivares, presuntamente pusieron en marcha un plan para malversar millones de dólares del sistema penitenciario y robaban provisiones destinadas a aliviar las condiciones de la pandemia y las revendían al gobierno. También se sancionó a Meza.
Las sanciones significan el congelamiento de todos los bienes que posean Luna y Marroquín en Estados Unidos y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier tipo de transacciones con ellos.
Las revelaciones sin duda exacerbarán las tensiones entre los gobiernos de Bukele y el presidente Joe Biden. En mayo, cuando el nuevo Congreso destituyó al fiscal general y a los jueces de la cámara constitucional de la Corte Suprema, Washington expresó su preocupación por la dirección que tomaba el país centroamericano.
La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) anunció que dejaría de enviar ayuda a organismos del gobierno salvadoreño y la enviaría a organizaciones no gubernamentales. La jefa de USAID, Samantha Power, fue a El Salvador y pronunció un discurso sobre la fragilidad de la democracia.
En junio el nuevo fiscal general anunció que el gobierno cancelaría la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) en El Salvador.
En mayo y julio, el gobierno estadounidense publicó listas de funcionarios presuntamente corruptos en Centroamérica, entre ellos la jefa de despacho de Bukele, Carolina Recinos.
El mes pasado, la principal diplomática de Estados Unidos en El Salvador anunció que dejaba el puesto y que el gobierno de Bukele “no demuestra interés” en mejorar la relación bilateral.
Bukele goza de gran popularidad. Ocupó el vacío político que dejaron los desprestigiados partidos tradicionales de derecha e izquierda, ambos manchados por la corrupción.
AP
